La nota del día de ayer: las autoridades de Quintana Roo han liberado la orden de aprehensión contra Kalimba, por violación a una menor. Más tarde me entero que ya lo capturaron.

Esta nota sería irrelevante y quedaría solamente como uno de muchos escándalos de la farándula, de no ser por un detalle que me inquieta: la sorprendente rapidez de las autoridades de Quintana Roo para ejercer acción penal sobre el cantante. Situación que sorprende aún más si consideramos que los propios quintanarooenses (¿así se escribe?) le recriminan constantemente a sus autoridades la complacencia y hasta complicidad (recordemos a Greg Sánchez o al ex-gobernador Mario Villanueva) en que han dejado crecer en la entidad al narcotráfico, el tráfico de personas y la prostitución infantil.

Este último punto es el interesante respecto al caso.

Y es que se está manejando por muchos internautas una versión en donde se cree que las autoridades de Quintana Roo han actuado con velocidad en el caso Kalimba, con la intención de evitar que salga a la luz una red de prostitución infantil en donde están involucrados varios políticos de alto nivel. Quizás sea porque los mexicanos ya desconfiamos de nuestras autoridades a priori, pero la idea no me parece en absoluto descabellada.

El caso no parece estar definido como para haber girado y aplicado la orden de aprensión con tal rapidez. Me parece que las pruebas de la niña Deyanira Rubí Daiana son poco sólidas, amén de las declaraciones de otros testigos que parecen contradecirla. Bajo este escenario, la acción de las autoridades puede explicarse de dos formas: o tienen pruebas contundentes sobre la supuesta violación, o en efecto están tratando de tapar el asunto.

Pero si se trataba de encubrir, ¿por qué la menor demandó a Kalimba por violación? Una razón puede ser, por supuesto, que efectivamente la haya violado. Otro curso de acción podría haber sido el siguiente: la muchachita intenta extorsionar u obtener algo del artista; éste se niega y la niña, en un arranque de hormonas, lo denuncia por violación. Ante el hecho, las autoridades se ven obligadas a demostrar, a toda costa, que se trata de una violación, y encarcelan al cantante (pudiendo existir inclusive amenazas hacia el artista). Por supuesto, todo esto es mera especulación.

Las siguientes acciones de las autoridades de Quintana Roo nos demostrarán por dónde va el asunto. Queda el punto pendiente de averiguar si, en efecto, las dos escuinclas trabajaban de “edecanes” para alguna agencia. De ser así, lo siguiente sería investigar por qué una agencia contrata a menores de edad para un trabajo que evidentemente no es adecuado para niñas y, posteriormente, descubrir si dicha agencia ofrece servicios de “damas de compañía” (como lo hacen muchas agencias de edecanes y modelos). Si la investigación no se desplaza en ese sentido, la teoría del encubrimiento tomará más fuerza.

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